La involución del Gobierno Andaluz en materia de Asistencia Personal

La involución del Gobierno Andaluz en materia de Asistencia Personal

La involución del Gobierno Andaluz en materia de Asistencia Personal

La interrupción del “Programa Vida Independiente”, puesto en marcha a partir del compromiso adquirido a instancias de una PNL aprobada por unanimidad por el Parlamento de Andalucía y cuyo objetivo es mostrar los beneficios económicos y sociales de universalizar la Asistencia Personal, supone no sólo frustrar la aplicación de este derecho fundamental, tal y como propugna la Convención de la ONU (firmada por España en 2008), también es una transgresión al propio mandato del Parlamento y la involución de un proceso que debería ser ya una realidad.

La Filosofía de Vida Independiente, que sustenta el programa, reclaman el derecho individual y colectivo a vivir de manera activa e independiente de las personas con discapacidad, y para ello es imprescindible proporcionar los apoyos y recursos necesarios y ajustados a cada persona y a cada circunstancia, alejándonos del asistencialismo y de la institucionalización de la vida de las personas. Eso es lo justo, a cada cual lo que necesite y decida libremente.

Teóricamente, ese mismo planteamiento es el que subyace en la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia. Tal y como se afirma en la misma “la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.

Esa era la idea y con ese propósito nació dicha Ley: asegurar los derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad con algún grado de dependencia; sin embargo, desde que entró en vigor hace ya diez años, esta mal llamada “Ley de la Dependencia” parece que es eso justamente lo que intentan fomentar y no lo contrario. Está deficientemente aplicada y desarrollada desde el principio, y no sólo porque no todas las personas que solicitan la prestación la tienen concedida o si la tienen no se ajusta a sus necesidades, sino porque los sucesivos recortes, especialmente durante esta última legislatura con el Gobierno del PP (que asciende a 2000 millones), han dejado que 700.000 persona mueran antes de recibir la ayuda que por ley les correspondía. Además, para que sea concedida, en ocasiones la persona solicitante se ve obligada a llegar a tal estado de humillación y degradación que supone un atentado contra los derechos y la dignidad de las personas… Cómo si la realidad no fuera ya bastante cruel como para tener que maquillarla.

Por todo ello, iniciativas como la llevada a cabo por ViAndalucía y apoyadas en su momento por el Parlamento de Andalucía son tan necesarias y valiosas. Marcan el camino a seguir. Sin embargo, su interrupción puede suponer un retroceso en la conquista de unos derechos que, aunque legítimos e incuestionables sobre el papel (Artículo 19 de la Convención de la ONU), aún queda lejos la posibilidad de hacerlos realidad.

Nota de Prenda de ViAndalucía: El Gobierno Andaluz puede contravenir el mandato del Parlamento de Andalucía

Área de Igualdad y Diversidad Ciudadana
Consejo Ciudadano de Podemos Sevilla


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